La norma ISO 24495-2: hacia un lenguaje legal más claro, comprensible y cercano

La comunicación jurídica vive un momento de transformación profunda. En 2025, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la ISO 24495-2, la segunda parte del estándar internacional sobre lenguaje claro, dedicada específicamente al lenguaje legal claro. Este nuevo marco normativo da continuidad a la ISO 24495-1:2023, que estableció los principios rectores y directrices generales del lenguaje claro aplicables a cualquier contexto comunicativo. Pero esta nueva parte va un paso más allá: se adentra en uno de los terrenos más complejos y sensibles del lenguaje especializado —el Derecho—, con el objetivo de hacer comprensible, accesible y utilizable la información jurídica sin perder su precisión técnica ni su valor normativo.

No es exagerado decir que esta norma supone un hito histórico en la modernización de la comunicación legal. Durante décadas, el lenguaje jurídico ha sido criticado por su oscuridad, su exceso de tecnicismos y su distancia con la ciudadanía. Sin embargo, la claridad no es lo contrario del rigor. Al contrario: un texto jurídico claro fortalece la seguridad jurídica, reduce malentendidos y empodera a las personas para ejercer sus derechos.

La continuidad con la ISO 24495-1: un mismo espíritu, un nuevo ámbito

La ISO 24495-1:2023, adoptada en España como UNE-ISO 24495-1:2024, definió los principios rectores del lenguaje claro —relevancia, localización, comprensibilidad y usabilidad— y ofreció directrices generales para aplicarlos en organizaciones públicas y privadas. La parte 2 de esta serie retoma esos fundamentos, pero los adapta al ecosistema jurídico, donde la comunicación presenta particularidades: una gran densidad conceptual, múltiples audiencias (desde expertos hasta ciudadanos sin formación legal) y un fuerte componente institucional.

Mientras la primera norma responde a la pregunta “¿qué es un texto claro?”, la segunda responde a “¿cómo lograr que un texto jurídico sea claro sin sacrificar precisión?”. El desafío no es menor: el Derecho opera en el límite entre la norma abstracta y la realidad práctica, por lo que simplificar sin desnaturalizar exige una metodología científica y multidisciplinar.

Objetivos específicos de la ISO 24495-2

El propósito de esta nueva norma es ofrecer un marco técnico que guíe a profesionales del Derecho, de la comunicación y de la traducción jurídica en la redacción y validación de documentos legales en lenguaje claro. Sus objetivos específicos pueden resumirse en cuatro grandes ejes:

1. Identificar las audiencias con diferentes necesidades
   No todos los destinatarios de un texto jurídico tienen el mismo nivel de conocimiento. Esta norma promueve la segmentación de audiencias para ajustar el nivel de tecnicidad, el tono y el formato. Redactar para un juez no es lo mismo que redactar para un ciudadano o un cliente de servicios legales. El texto debe adaptarse a la capacidad interpretativa, el contexto y las expectativas de cada grupo.
   

2. Mantener el rigor jurídico
   El lenguaje claro no sustituye la precisión legal, sino que la hace visible y operativa. La norma enfatiza que la claridad no debe poner en riesgo la validez jurídica del texto. Se trata de reorganizar, explicar y contextualizar sin alterar el contenido normativo ni las obligaciones legales.
   

3. Explicar conceptos jurídicos complejos
   Los textos legales suelen incluir terminología abstracta (usufructo, prescripción, in dubio pro reo) o conceptos que no se entienden fuera del ámbito experto. La norma recomienda acompañar estos términos con explicaciones breves, ejemplos, glosarios o equivalentes funcionales, según el contexto.
   

4. Definir los procesos legales de forma clara y accionable
   Los documentos jurídicos deben permitir que las personas actúen: presentar una reclamación, aceptar un contrato, recurrir una decisión o ejercer un derecho. Por ello, la norma insiste en que los textos legales deben tener una estructura lógica, con pasos concretos y plazos claros, y en que los procesos se comuniquen desde la perspectiva del usuario, no solo desde la del emisor.
   
   

Cómo se aplican los principios rectores del lenguaje claro al ámbito legal

La ISO 24495-2 se apoya en los cuatro principios ya establecidos por la parte 1, pero los contextualiza en la práctica jurídica. Cada principio requiere herramientas y enfoques complementarios, provenientes de disciplinas como la lingüística, la psicología cognitiva, el diseño de información o la experiencia de usuario (UX).

1. Relevancia: decir lo que importa, no todo lo que se sabe

En Derecho, la relevancia implica seleccionar la información necesaria para el propósito comunicativo: qué necesita saber el destinatario para actuar o tomar una decisión informada. Esto se logra aplicando criterios de pragmalingüística, que ayudan a distinguir entre lo esencial y lo accesorio.

Técnicas recomendadas: análisis del perfil del usuario, jerarquía informativa, eliminación de redundancias, uso de resúmenes ejecutivos y esquemas visuales.

2. Localización: facilitar el acceso y la orientación

Un texto legal no es claro si el lector no sabe dónde encontrar la información que busca. La localización se apoya en principios de arquitectura de la información y diseño de experiencia de usuario (UX). La norma sugiere estructurar los documentos mediante índices, encabezados informativos, numeración coherente, hipervínculos (en documentos digitales) y esquemas visuales que indiquen relaciones entre artículos, cláusulas o anexos.

Técnicas recomendadas: mapas de contenido, navegación jerárquica, diseño modular, uso de títulos que respondan a preguntas (“¿Qué tengo que hacer?”, “¿Cuándo y cómo?”).

3. Comprensibilidad: reducir la carga cognitiva

La comprensibilidad jurídica exige que el lector entienda tanto el significado literal como las implicaciones prácticas de un texto. Esto requiere atención al léxico especializado, a la sintaxis (evitar oraciones excesivamente subordinadas o pasivas) y a la estructura lógica.

Desde la psicolingüística se ha demostrado que las frases cortas, el orden lógico de los elementos y la previsibilidad textual facilitan la comprensión. Asimismo, desde la traducción jurídica y la terminología se promueve la equivalencia conceptual y la definición contextual de términos clave.

Técnicas recomendadas: glosarios, ejemplos ilustrativos, frases activas, segmentación de información compleja en pasos o viñetas.

4. Usabilidad: textos que permiten actuar

La usabilidad se refiere a la capacidad del documento para producir una acción eficaz: presentar una demanda, aceptar un contrato, ejercer un derecho o cumplir una obligación. En este punto confluyen la pragmática y el diseño centrado en la persona.

Un documento jurídicamente correcto pero cognitivamente inaccesible no cumple su función social. Por eso, la norma recomienda validar los textos con usuarios reales —ciudadanos, clientes o profesionales— para comprobar si comprenden y pueden actuar sin ayuda.

Técnicas recomendadas: test de usabilidad, simulaciones de lectura, prototipado de documentos, revisión iterativa con equipos multidisciplinares.

El papel del diseño en la comunicación jurídica: Legal Design y Design Thinking

Una de las principales novedades de la ISO 24495-2 es el énfasis que pone en el diseño de documentos jurídicos, también conocido como Legal Design. Este enfoque combina principios de diseño centrado en el usuario (Design Thinking) con conocimientos legales, lingüísticos y visuales para crear documentos que sean claros, funcionales y accesibles.

El Legal Design parte de una pregunta sencilla: ¿para quién es este documento y qué debe hacer esa persona con él? A partir de ahí, se diseñan estructuras visuales coherentes, se emplean iconos o diagramas que orientan al usuario, y se incorporan instrucciones paso a paso que guían la acción. El objetivo es reducir la incertidumbre y mejorar la confianza en la información jurídica.

Aplicar Design Thinking al ámbito legal implica empatizar con el usuario, definir sus necesidades reales, idear soluciones de comunicación, prototipar los documentos y evaluarlos con usuarios reales antes de su publicación. Este proceso iterativo asegura que el resultado no solo sea jurídicamente correcto, sino también legible, comprensible y accionable.

Conclusión: claridad jurídica para unas Administraciones Públicas más cercanas

La ISO 24495-2 consolida un cambio cultural en el Derecho: pasar de la comunicación institucional centrada en el emisor a una comunicación ciudadana centrada en el usuario. Esta transformación no debilita la técnica jurídica, sino que la fortalece al hacerla efectiva. Un contrato, una sentencia o una notificación administrativa solo cumplen su propósito si las personas los entienden y pueden actuar en consecuencia.

El futuro del lenguaje legal claro pasa por la colaboración entre juristas, lingüistas, diseñadores y expertos en UX, que trabajen juntos para crear documentos rigurosos, empáticos y comprensibles. En definitiva, la claridad en el Derecho no es una concesión estética: es una garantía de derechos.

¿Te interesa este tema? Puedes seguir profundizando en otras entradas sobre recomendaciones de los movimientos de Lenguaje Claro o sobre cómo aplicar la Pragmática al diseño de textos comprensibles. Porque un lenguaje jurídico claro no solo informa: construye confianza y fortalece la democracia.